Córdoba se negó ayer a prestar declaración indagatoria

Córdoba se negó ayer a prestar declaración indagatoria

LA JUEZA CRISTINA BARRIONUEVO LO HABIA CITADO A LAS 10 DE LA MAÑANA EN SU DESPACHO PERO EL SECRETARIO GENERAL DE ATE SE PRESENTO CON SU ABOGADO PARA HACER ENTREGA DE UN ESCRITO Y LUEGO RETIRARSE.

El sindicalista está procesado también en una causa federal por haber tomado por diez días de rehenes a los habitantes de Ushuaia, en el corte del único punto de ingreso y egreso de la ciudad en marzo de 2016 y en otro expediente de la Justicia provincial por haber motorizado el encendido de fogatas a metros de la planta de combustibles Orión, poniendo en riesgo la vida de todos los vecinos.

El gremialista Carlos Córdoba, imputado en la causa que investiga la venta irregular de viviendas construidas con fondos públicos para afiliados a ese sindicato y comercializadas a terceros, se presentó ayer por la mañana acompañado por su abogado Jorge Pintos, en la oficina del Juzgado de Instrucción Nro 2 a cargo de la Dra. María Cristina Barrionuevo, en el edificio de la Justicia provincial del barrio Monte Gallinero, quien lo había convocado para que prestara declaración indagatoria en su carácter de imputado. Córdoba no se avino a sentarse ante la magistrada para responder sus preguntas, pero presentó en cambio una nota escrita en la que hacía referencia a algunas cuestiones de la causa, excusándose de referirse a otras, argumentando que no pudo interiorizarse del contenido total “de un expediente de 2.500 fojas y 500 gigas de audios y videos”.

El domicilio particular del secretario general de ATE que pasó de acusador a acusado, fue allanado por la Policía provincial el pasado 31 de agosto, junto al de otras cuatro personas también consignadas como posibles partícipes en el ilícito que se está investigando.

Con computadoras, anotadores y teléfonos celulares, los efectivos de la División Delitos Complejos se retiró de domicilios ubicados en las calles Las Aguilas, Costa de Barranca, Lucas Bridges y Pingüino Emperador.

Actualmente, todos los elementos colectados están siendo peritados por técnicos especializados a fin de desenredar el ovillo de contactos telefónicos y mensajes de texto entre los integrantes de la comisión directiva de ATE y particulares.

Mientras tanto todos están obligados a cumplir las pautas de conducta que les impusiera la Justicia, bajo riesgo de ser privados de la libertad en caso de incumplirlas.


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