EL GOBERNADOR GUSTAVO MELELLA ENFRENTA LAS NEGOCIACIONES SALARIALES CON VARIOS DE LOS SINDICALISTAS PROCESADOS POR CORTAR LA RUTA NACIONAL NRO 3 Y MANTENER SITIADA LA CIUDAD, EN 2016.
Como si la población de las ciudades de la provincia no tuvieran memoria, mal que parecería afectar hasta a los mismos responsables de los destinos de Tierra del Fuego, vuelven a la escena política una y otra vez los mismos personajes.
Es el caso de las acciones que la nueva gestión gubernamental liderada por Gustavo Melella emprendió por estos días para efectuar paritarias de las que pueda resultar algún tipo de acuerdo salarial para los activos, que después tenga su correlato en el de los pasivos.
Y aunque la expectativa estaba dada en la aparición de nuevas figuras en el ámbito sindical que cuenten con una foja transparente y una mirada más dialoguista y menos proclieve a la violencia, sesgo que caracteriza a los viejos gremialistas que intervinieron en lo que se conoció como el nefasto “acampe”, la realidad demuestra lo contrario.
Las mismas caras otra vez vuelven a instalarse en la vidriera mediática, haciendo presumir, tal como reza el sabio refrán popular, que “el zorro pierde el pelo pero no las mañas…”. En la misma línea, en base al dicho “si siempre se hace lo mismo, se obtienen los mismos resultados”, el futuro no parece ser para nada auspicioso…
Es el caso de Patricia Blanco, quien en 2016, junto a otros 11 sujetos más, se interpuso en el sector de entrada/salida de Ushuaia para impedir que nadie traspusiera ese espacio, apropiado por quienes decían proceder así en pos de la supuesta afectación de sus “derechos salariales y previsionales”. De ese modo no solo se afectó enormemente la temporada turística porque no permitían el paso de los colectivos de pasajeros, sino que se arrogaron la potestad de impedirles inclusive la circulación a personas que debían atender su salud en Rio Grande o en Ushuaia. Una larga fila de vehículos en los que había niños y ancianos, estuvieron obligados a permanecer en espera de que ellos se dignaran a abrir en algún momento la ruta, atribuyéndose el derecho de pisotear los de los demás ciudadanos de circular libremente por el país, tal cual lo establece la Constitución Nacional.
Por esa violación a la ley máxima es que el juez federal Federico Calvete procesó el 12 de mayo de 2017 al secretario general del SUTEF, Horacio Gustavo Catena; a la dirigente del mismo sector Florencia Villarreal; al secretario general de ATE, Carlos CórdobaCa los miembros del SOEM, Sandra Cristina Esperón y Horacio Gallegos; a la secretaria general de la Asociación del Personal de Organismos de Control (APOC), Elisa Dietrich; al secretario adjunto del Sindicato de Empleados de la Justicia Provincial (SEJUP), Roberto Marcelo Kuba; al secretario adjunto de ATSA, Jorge Daniel Saravia; al secretario gremial del sindicato de músicos, Juan Marcelo Levicoy Pérez y a la mencionada más arriba, representante de los jubilados autoconvocados, Patricia Blanco, quien a cuatro años del “acampe” es hoy la interlocutora del sector pasivo ante el Gobierno de Tierra del Fuego y su gobernador, Gustavo Melella.
La resolución del juez Federico Calvete consideró a los dirigentes sindicales como “autores de los delitos de interrupción del transporte y de servicios básicos, desobediencia y resistencia a la autoridad y privación ilegítima de la libertad” y también les impuso embargos por 200 mil pesos a cada uno.
El procesamiento de todos los referidos fue “sin prisión preventiva” y lleva como número y letra del expediente FCR1770/2016, cuya tramitación está a instancias de resolverse.
La ciudadanía observa con expectativa si la nueva gestión de Gobierno intentará negociar con un sector sindical que no esté imputado de hechos delictivos o si seguirá adelante trazando los destinos de la gran masa de trabajadores públicos provinciales, con personajes que han debido “tocar el pianito”, como se conoce comunmente a la actualización del prontuario.
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