La secretaria Legal y Técnica de la Municipalidad de Ushuaia, victoria vuoto, cuestionó la decisión del Superior Tribunal de Justicia de acelerar los plazos para la definición.
La secretaria Legal y Técnica del Municipio de Ushuaia, Victoria Vuoto, cuestionó la decisión del Superior Tribunal de Justicia de acelerar los plazos en la causa por el cobro del impuesto inmobiliario. “Se declaró la causa de puro derecho y eso implica acelerarlos plazos. En 5 días cada parte debe alegar y ya pasa todo a sentencia definitiva”, explicó. Y objetó: “Se violenta el derecho de defensa de las partes y se vulnera un sinfín de garantías constitucionales”.
“Ayer nos notificaron de la resolución a última hora. Generó preocupación, es un pronunciamiento que para nosotros trae aparejado una gravedad institucional muy grande. El STJ vuelve sobre sus propios pasos de manera infundada. La semana pasada habían sacado una resolución que rechazaba las excepciones previas e los municipios. Y en la misma resolución convocaban a Fiscal de Estado y suspendían los plazos de la causa hasta tanto el Fiscal de Estado produzca prueba y conteste”, relató la funcionaria.
“Interpusimos un recurso de aclaratoria porque no quedaba claro en calidad de qué era citado el Fiscal de Estado y el tema de los plazos suspendidos. En el mismo momento AREF presenta un recurso de reposición contra la convocatoria al Fiscal. Y ayer sacan la resolución donde no hacen lugar al recurso de AREF y dejan sin efecto la convocatoria al Fiscal”, informó en declaraciones a la prensa.
Vuoto explicó que “al Fiscal de Estado se lo convoca como parte necesaria. Como no quedaba claro, presentamos ese recurso aclaratorio. Se decía que era parte importante pero no se decía en calidad de qué era convocado. No nos responden y dejan sin efecto la convocatoria al Fiscal de Estado. Nos parece grave la situación y tenemos serias dificultades para ver cómo está este proceso. En las últimas dos semanas hubo dos resoluciones que nos dejaron en una posición de indefensión muy grande”.
Ante esto, adelantó que “estamos trabajando en las vías recursivas que consideramos pertinentes pero no puedo adelantar nada”.
“Se declaró la causa de puro derecho y eso implica acelerarlos plazos. En 5 días cada parte debe alegar y ya pasa todo a sentencia definitiva. Nosotros propusimos la producción de prueba para poder acreditar el perjuicio que ocasionaría a los municipios una decisión contraria a sus intereses y la implicancia casi nula que esos recursos tenia para la provincia. Es decir, hay que analizar el perjuicio al municipio al sacarle el 40% de los recursos propios y que eso trasladado al gobierno provincial implica el 0,18% de sus ingresos. Se violenta el derecho de defensa de las partes y se vulnera un sinfín de garantías constitucionales”, concluyó.
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