Juicio por las viviendas sociales destinadas a afiliados de ATE.
El veredicto se conocerá el viernes 29 de mayo en la investigación por presuntas maniobras fraudulentas vinculadas al otorgamiento de 128 departamentos en el sector Barrancas del Río Pipo. Para el tercer imputado, Eric Moscoso Panozo, se solicitó la absolución por el beneficio de la duda.
Carlos Córdoba, secretario general de ATE Ushuaia.
El juicio oral y público por presuntas maniobras fraudulentas vinculadas a la adjudicación y comercialización de viviendas sociales de ATE ingresó en su etapa final y el próximo viernes el Tribunal de Juicio en lo Criminal dará a conocer el veredicto para los tres imputados de la causa: Carlos Córdoba, Miguel Arana y Eric Moscoso Panozo. El caso contemplaba un cuarto acusado, Miguel Belbey, pero el integrante de ATE se quitó la vida debajo de las gradas de la cancha de fútbol abierta, sobre calle Malvinas, el 31de mayo de 2018.
Durante los alegatos realizados este miércoles, el fiscal Daniel Curtale solicitó una pena de 4 años de prisión para Córdoba y Arana por 22 hechos de presuntas estafas relacionadas con el plan de 128 viviendas sociales construidas en el sector Barrancas del Río Pipo, en Ushuaia.
En tanto, para Moscoso Panozo, acusado de presuntas maniobras de lavado de activos, el representante del Ministerio Público pidió la absolución por el beneficio de la duda.
La causa judicial se originó a partir de denuncias formuladas por 22 personas que afirmaron haber entregado importantes sumas de dinero con la expectativa de acceder a una vivienda social del complejo habitacional impulsado para afiliados estatales.
Según la acusación, el histórico secretario general de ATE habría promovido la entrega irregular de departamentos construidos con financiamiento nacional y administrados por el Instituto Provincial de Vivienda (IPV), incluso a personas que no reunían los requisitos previstos para acceder a ese tipo de soluciones habitacionales.
De acuerdo con los testimonios incorporados al expediente, entre los presuntos beneficiarios figuraban comerciantes, empresarios y particulares que no eran empleados públicos provinciales, condición considerada esencial para el acceso a las unidades habitacionales.
Los denunciantes sostuvieron además que debían entregar importantes sumas de dinero, tanto en pesos como en dólares, para lograr ser incluidos en los listados de adjudicatarios de alguno de los departamentos construidos en las barrancas del Río Pipo.
Durante su exposición, Curtale desarrolló durante más de una hora la presunta participación de Córdoba y Arana en las maniobras investigadas y consideró acreditada la existencia de una operatoria destinada a captar dinero de particulares bajo promesas de adjudicación de viviendas.
Miguel Arana, apodado “Miguelón”, ocupó el cargo de presidente de la comisión de Viviendas del gremio de ATE Ushuaia.
En el caso de Miguel Arana, la acusación sostiene que habría actuado como intermediario y recaudador de los pagos efectuados por las personas que buscaban acceder a las viviendas.
Su defensor oficial, José María Fernández López, rechazó sin embargo que la conducta de su asistido constituyera un delito penal. Durante los alegatos sostuvo que, en todo caso, podría tratarse de una conducta “inmoral”, aunque negó que hubiera existido engaño o administración fraudulenta.
En forma subsidiaria, pidió que, en caso de recaer una condena, se aplique la pena mínima prevista por la ley.
Por su parte, Moscoso Panozo llegó al juicio acusado de presuntas maniobras de lavado de activos vinculadas al supuesto incremento patrimonial derivado del dinero investigado en la causa.
Según la hipótesis acusatoria, habría incorporado a su patrimonio empresarial maquinaria vial presuntamente adquirida con fondos provenientes de las maniobras denunciadas.
No obstante, tanto la Fiscalía como su defensor particular, Rodrigo Guidi, coincidieron en solicitar la absolución, aunque por distintos fundamentos.