Las profesionales asumirán sus funciones a partir del 1 de enero de 2027.
La legisladora Victoria Vuoto destacó la puesta en marcha de la Defensoría Provincial de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, luego de que la Legislatura aprobara las designaciones para Ushuaia, Río Grande y Tolhuin. Sabrina Marcucci, Verónica Facio y Abigail Astrada asumirán sus funciones desde enero de 2027.
La Legislatura de Tierra del Fuego aprobó durante la sesión del 1 de octubre las designaciones de las profesionales que estarán a cargo de la Defensoría Provincial de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, dando inicio al proceso para poner en funcionamiento el organismo en las tres ciudades de la provincia.
Las designaciones fueron impulsadas a partir de las actuaciones elevadas por la Comisión Ad Hoc creada por la Ley Provincial N° 1466. Para el cargo de defensora con asiento en Ushuaia, Sabrina Marcucci obtuvo diez votos. Verónica Facio ocupará la Defensoría en Río Grande, mientras que Abigail Astrada se desempeñará en Tolhuin. Las tres profesionales comenzarán a cumplir sus funciones a partir del 1 de enero de 2027.
La legisladora Victoria Vuoto destacó la importancia de contar con una institución destinada a atender las vulneraciones de derechos y poner las necesidades de las infancias en el centro de las decisiones públicas.
“Cada niño y cada niña que atraviesa una situación de violencia, que necesita atención en salud mental o que encuentra dificultades para acceder a derechos básicos necesita una respuesta a tiempo. Las infancias no pueden esperar: lo que el Estado demora tiene consecuencias en sus vidas”, expresó.
Vuoto sostuvo que la Defensoría debe ser una institución cercana, con independencia para señalar vulneraciones de derechos y capacidad para reclamar respuestas ante los organismos responsables. “Necesitamos que las voces de los chicos y las chicas sean escuchadas y que esa escucha se traduzca en acciones concretas. Su protección debe ser una prioridad en toda la provincia”, señaló.
Asimismo, remarcó que la designación de las defensoras abre una nueva etapa que deberá estar acompañada por recursos, equipos y presencia territorial para garantizar el funcionamiento del organismo.
“Este avance nos compromete a trabajar para que la Defensoría pueda intervenir, acompañar y exigir que los derechos se cumplan. La responsabilidad alcanza a todas las instituciones del Estado”, afirmó.
La legisladora concluyó que garantizar los derechos y las condiciones para que niñas, niños y adolescentes puedan crecer con dignidad y libres de violencia constituye una responsabilidad estatal que debe asumirse desde el inicio de esta nueva etapa.