Por ladrón fue condenado a dos años de cárcel y será exonerado, el ex jefe del HRU

EN SU CASA SE ENCONTRARON TOALLAS, TOALLONES, ALMOHADAS Y SABANAS CON LA INSCRIPCION “USO HOSPITALARIO” Y UNA GRAN CANTIDAD DE GUANTES DE GOMA, ESPONJAS, REJILLAS, BOLSAS DE RESIDUOS Y TRAPOS DE PISO. 

Todo comenzó cuando un vecino de Ushuaia denunció a Julio Salvador Vivas, por considerarlo autor del hurto de una Play Station, entre otros objetos valiosos, de su casa, sita en la calle Emeterio Rodriguez. A partir de su denuncia se inició la causa 26504 la que derivó en una orden de allanamiento, dispuesta por la Justicia, en el domicilio del sospechado, en una vivienda de la calle Alsina Cabrera sin número, en el Valle de Andorra, en agosto de 2015.
Cuando personal policial se presentó para concretar la manda judicial no encontró los elementos buscados, en cambio, los uniformados se sorprendieron al hallar en una habitación de la finca, una importantísima cantidad de elementos nuevos vinculados a la actividad del propietario del lugar, quien se desempeñaba como Jefe de Depósito del Hospital Regional Ushuaia y que era además representante gremial. Ante la presunción de que podría tratarse de elementos del nosocomio, fue convocado personal del HRU, quien al examinarlos confirmó que efectivamente se trataba de bienes del centro de salud público. En la habitación de la casa de Vivas se produjo el hallazgo de 50 juegos de toallas, 26 fundas de almohadas, 20 rejillas, 2 franelas, 80 bolsas de tipo Consorcio, 18 pares de guantes de goma, 3 juegos de sábanas con la leyenda “uso hospitalario”, trapos de piso, 27 esponjas y 24 esponjas de acero. Todo nuevo, sin uso y prolijamente apilado. Debido al giro de las actuaciones, se dio inicio a una nueva causa en el Juzgado de Instrucción Nro 2 de la Jueza María Cristina Barrionuevo, quien dispuso el resguardo de los materiales, se designó una consigna policial en el acceso al depósito del nosocomio y se confeccionó posteriormente un acta. Vivas fue apartado preventivamente de su cargo e imputado del delito de “Hurtos reiterados”, con intervención de la División de Delitos Complejos de la Policía provincial, sin privación de libertad. En esa época era director general del HRU el Dr. Jorge Olivo, director médico Eric Manrique y director administrativo, Carlos “Pichi” Bleuer, de la gestión de la ex gobernadora Fabiana Ríos.
Dos años y medio después, la Justicia se expidió al respecto y consideró, en un fallo conocido en las últimas horas, que Julio Salvador Vivas “es responsable del delito de peculado”, una figura que se refiere a los delitos contra la propiedad pública.
Los jueces aceptaron que el hecho se dirimiera de acuerdo al mecanismo conocido como “omisión de debate”, es decir que fue suscripto sin la realización de un juicio oral y público y con el acuerdo de las partes intervinientes y del Tribunal.
Durante el proceso judicial se demostró que Vivas, durante fechas previas al 26 de agosto de 2015 y mientras se desempeñaba como como jefe de depósito del hospital, sustrajo una cantidad de objetos que se encontraban guardados en el galpón que tenía bajo su custodia, en la parte posterior del establecimiento médico, y en un contenedor situado en inmediaciones de esa misma construcción. Sugestivamente, no había cámaras de seguridad en ese sector.
Vivas sustrajo del patrimonio estatal objetos “cuya recepción, administración y custodia le habían sido confiadas en razón de su cargo”, entendieron los acusadores en la causa penal. Después, al considerar que las pruebas reunidas durante la instrucción hacían innecesaria la realización del juicio oral y público, el fiscal Guillermo Massimi requirió la omisión del debate y propuso la condena a prisión en suspenso.
Finalmente el imputado, de 34 años de edad, fue condenado a la pena de dos años de prisión, más inhabilitación perpetua para el ejercicio de cargos públicos y el pago de las costas del proceso. Además se le impuso a Vivas el cumplimiento de una serie de reglas de conducta, entre ellas “comunicar al Tribunal de Ejecución todo cambio de residencia”, “someterse al cuidado del Patronato de Presos y Liberados” y “abstenerse de usar estupefacientes o abusar de bebidas alcohólicas”.


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