En alguna oportunidad escribimos en nuestra columna semanal sobre “los fueguinos y los miedos”. Mencionamos las condiciones de vida insular, la cualidad de vivir en una zona sísmica, la siempre deficitaria distancia hacia los centros neurálgicos de administración y poder, y las cicatrices de ser una de las bases de operaciones de la malograda guerra de Malvinas. Desde el punto vista geopolítico, la isla grande de Tierra del Fuego cuenta con la bendición –o maldición- de conectar dos océanos y de contar con una frontera terrestre entre dos países y marítima entre tres (al estar las Islas Malvinas ocupadas por la fuerza, existe una disputa de facto de límites marítimos entre el Reino Unido de Gran Bretaña y la Argentina).
Otro de los temores se fundaba en su endeble condición económica y estructural, a merced de un régimen fiscal y aduanero con altibajos y atado a la suerte del devenir fiscal nacional.
Pasadas las elecciones de octubre y con un panorama político más esclarecido, el Gobierno nacional avanzó en una reforma fiscal que tenía previsto la eliminación de las barreras arancelarias a productos electrónicos que, de ingresar al país, virtualmente arrasarían con la producción emanada de la industria promocionada fueguina.
“Vienen por la 19.640”
En Tierra del Fuego, decir que se viene por la Ley de creación del Area Aduanera Especial es pensar en un escenario literal de desolación, porque establecido en el discurso del relato histórico, con real fundamento más allá de la modalidad e intermitencia con que se haya experimentado, se encuentra que el poblamiento crítico de la isla se debió a los efectos de dicha ley.
Lo cierto es que al poder central le alcanza con retocar unos cuantos parámetros fiscales para “terminar de un plumazo” con los beneficios de la ley, cuyos efectos perniciosos de tal medida recaen en primera instancia sobre la estabilidad de las fuentes laborales del sector. 
Podríamos decir entonces que el conjunto de medidas destinadas a retocar las condiciones de existencia del empleo electrónico fabril de la isla, están directamente relacionadas a la supervivencia o fin del régimen y su instrumento legal: “la 19.640”. La cuantiosa suma de puestos de trabajo directos e indirectos que dependen del polo electrónico local equivaldría, siempre en términos relativos, quizá a un tercio de la población isleña. Cuesta imaginarse una migración de tanta cantidad de gente de un día para el otro, independientemente que existe un sector de la población local que añora tal desenlace, evocando tiempos pre provinciales, donde Ushuaia era una comarca de no más de 20 mil habitantes, con potencialidades turísticas inmejorables, sus bosques un ámbito prístino de leyendas indígenas ancestrales y Río Grande emergía como centro agrícola ganadero y de producción de hidrocarburos en el mejor de los casos.
Por eso, hablar de la caducidad de la Ley 19.640, equivale a plantear un escenario de despoblamiento, un temor latente por estos días al punto que la gobernadora de la provincia llegara a plantear la desoladora imagen de la disolución territorial fueguina.
¿Qué haríamos los fueguinos entonces una vez operada tal migración?. ¿Comenzar de nuevo? ¿Y bajo qué parámetros? Es imposible pensar la provincia de cero porque hasta ahora todos los proyectos políticos que hemos tenido desde nuestra provincialización han tenido la existencia del régimen industrial como una posibilidad latente. Quizá durante los años 90 se haya tenido cierta conciencia de la finitud, pero tampoco nada se hizo por ordenar las cuentas fiscales y buscar alternativas, razón por la cual a la pérdida de las fuentes de empleo, se sumó la crisis de la administración y las finanzas públicas.
Desde entonces hemos heredado un Estado comprometido con el futuro, vulnerable y dependiente de las condiciones macroeconómicas más que cualquier otro. Nada impide entonces que deban esperarnos a que realicemos una reconversión productiva, que adaptemos nuestras fuerzas productivas en un círculo virtuoso y armonioso con las demás provincias y la nación.
Por eso, a una semana de las elecciones legislativas generales de medio término, puede llegar la novedad que nadie está dispuesto a escuchar: “la provincia tiene que cambiar porque así no pueden seguir”. Y en los términos en los que vienen las medidas de reforma fiscal, puede advertirse quiénes serán los que terminarán pagando las cuentas pendientes de años de distención administrativa, desinversión y esclerosis productiva. Es que los culpables de tal fragilidad pueden contarse por decenas y en todos los sectores sociales con responsabilidades dirigenciales.
El futuro llegó hace rato…
Lo cierto es que los fueguinos parecemos esquivos a aceptar que una cuenta regresiva parece haberse desatado sobre la industria electrónica local que, de no mediar mejoras ostensibles en los términos de competitividad, tendrá fecha de caducidad en 2023, año previsto en el decreto presidencial firmado por Néstor Kirchner en 2007, y que prorrogó el régimen hasta esa fecha.
Y para que eso no ocurra, más allá del indeseable esfuerzo que realicen los trabajadores del sector, deberá haber un sinceramiento del sector empresarial en cuyas manos se encuentra gran parte de los problemas y posibles soluciones a los males de la finitud del universo fabril fueguino. El sistema capitalista por más que muchas veces parecería que se mueve con una lógica caprichosa, es tenazmente realista, máxime cuando se pone en juego la tasa de ganancia, una cuenta que se puede seguir a diario con la precisión de la libreta de cualquier almacenero de barrio, pero que en el caso fueguino, tienen por protagonistas a unos 10 mil operarios.
Entonces surge un temor aún oculto que parte del escepticismo de no poder visualizar un futuro estable. ¿Cómo vivir en un lugar soñado para el progreso pero que deje de serlo? ¿Acaso la condición de tolerabilidad de las condiciones de vida locales no redundaban en un crecimiento personal que ningún otro lugar del país pudiera otorgar? ¿Habrá que prepararse para sumar al desarraigo del terruño originario, el desarraigo del sueño del progreso personal?.
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