¿Melella al Gobierno, Loffler al poder?

¿Melella al Gobierno, Loffler al poder?

EL ANALISIS PERIODISTICO COLOCA EN ESCENA EL VINCULO DEL CANDIDATO A GOBERNADOR Y HOY INTENDENTE DE RIO GRANDE CON EL REFERENTE DEL MAS RANCIO SECTOR DEL MPF, EL LEGISLADOR DAMIAN “LOLY” LOFFLER, VINCULADO A UNA DE LAS EMPRESAS ADJUDICATARIAS DE CONTRATACION A REPETICION POR PARTE DEL MUNICIPIO DEL NORTE DE LA ISLA.

En las denuncias que los jueces parecen no interesarse en investigar (ver nota aparte) se hace constar que el 73% de las licitaciones públicas realizadas por el Municipio de Río Grande entre 2012 y 2019, por un monto de $142,3 millones, y el 54% de las licitaciones privadas, por otros $118 millones, fueron adjudicadas a tres empresas vinculadas a Zimentar SRL, Dapco SRL y Constructora Patagonia SRL.
Y que Zimentar SRL y Constructora Patagonia se quedaron con el 81% de las contrataciones directas en el mismo período, por un valor de $53,2 millones.
Aquí se hace la observación de que el directorio de Constructora Patagonia estuvo integrado por “Alejandro Guillén, Mario Vidal y Diego Menéndez”, mientras que “Norma Menéndez, esposa de Guillén y hermana de Diego Menéndez, fue la secretaria privada de Melella hasta septiembre de 2017.
Por otra parte, el informe del periodista de Telam, Gabriel Ramonet, destaca en relación a otra de las empresas presuntamente favorecidas por Melella, que “Zimentar fue fundada en 2012 por Fernando Zapata, Claudio Otero y Daniel Avendaño, todos ellos empleados y allegados de la familia Loffler, principal bastión de la alianza entre Melella y el Movimiento Popular Fueguino – MPF – para postularse a la gobernación”.
Y como todo tiene que ver con todo, un dato más termina por revelar la profundidad del vínculo entre Gustavo Melella y los Loffler. El dato de que en el contrato social de Zimentar SRL llegó a figurar como propietario, durante unos meses, el actual legislador del MPF, Damián Loffler, podría demostrar que la alianza de FORJA con un sector del MPF – partido político que quedó devastado y dividido en dos partes ante la oposición de una gran cantidad de afiliados a acompañar a Melella en su carrera a la gobernación fueguina – se perfila como un acuerdo eficaz para seguir facturando obra pública en la órbita del Ejecutivo provincial con el mismo nivel de discrecionalidad que el que desde hace años tiñe a la institución municipal y que está siendo cuestionada judicialmente.


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