El presidente del organismo había descartado en octubre de 2025 cualquier posibilidad de que el puerto pudiera ser intervenido. Tres meses después es un hecho.
Sobre el origen del conflicto, el funcionario indicó que el año pasado el personal de planta del puerto realizó una denuncia que gatilló una inspección de la Dirección Nacional de Puertos, y que fue motivada porque los empleados creían erróneamente que se estaban desviando fondos a la construcción del Centro de Rehabilitación de Ushuaia y a OSEF, lo que desmintió categóricamente.

La intervención del Puerto de Ushuaia dispuesta por el Gobierno nacional en las últimas horas resignificó declaraciones realizadas en el mes de octubre del año pasado por el ahora desplazado presidente de la Dirección Provincial de Puertos, Roberto Murcia, quien había descartado de plano cualquier posibilidad de injerencia nacional sobre el organismo y había advertido que el conflicto se había originado a partir de una denuncia realizada por personal del propio puerto.
Tres meses antes de que el Gobierno nacional resolviera intervenir el Puerto de Ushuaia, Murcia, descartaba de manera categórica que una decisión de esa magnitud pudiera concretarse. En aquel momento, el funcionario no solo negaba la posibilidad de una intervención, sino que además atribuía el origen del conflicto a una denuncia promovida por personal del propio organismo, en el marco de la denominada ley de financiamiento del SED.
“Desde Nación se mencionan posibles sanciones que van desde una multa hasta una intervención, pero eso no significa que el puerto vaya a ser intervenido. De ninguna manera están dadas esas condiciones”, afirmaba públicamente Murcia a mediados de octubre de 2025, minimizando el alcance de las inspecciones requeridas por la Agencia Nacional de Puertos.
LA GÉNESIS
Murcia sostuvo que la inspección tuvo como disparador una denuncia presentada por personal de planta permanente del puerto, relacionada con la sanción de la ley de financiamiento del SED, una norma provincial que establecía mecanismos de aporte de distintos organismos al Sistema de Educación y Desarrollo. En ese contexto, la acusación interna señalaba un supuesto desvío de fondos del puerto hacia ese sistema educativo.
“Esa denuncia decía que se estaban desviando fondos del puerto, lo cual es absolutamente falso”, aseguró el funcionario, y explicó que desde la Dirección Provincial de Puertos se respondió formalmente, incluso con una nota firmada por la mayoría de los trabajadores portuarios. “Le explicamos al gobernador que no contábamos con recursos para transferir a ese fondo”, agregó.
Murcia recordó además que el propio gobernador Gustavo Melella acompañó esa postura y solicitó a la Legislatura la derogación parcial del artículo de la ley que involucraba al puerto dentro del esquema de financiamiento del SED.
PRÉSTAMOS Y TRASFONDO POLÍTICO
En relación a otra de las observaciones que circulaban en aquel momento —el presunto financiamiento de la construcción del centro de rehabilitación de la calle Onachaga, al lado de la Clínica San Jorge, en Ushuaia —, el entonces titular del puerto fue categórico: “No se trató de una entrega de dinero, sino de un préstamo con rentabilidad, autorizado por la normativa vigente”. Según detalló, se trató de una colocación financiera permitida por ley, auditada por el Tribunal de Cuentas, que incluso intervino en la redacción de las cláusulas de devolución.
Murcia defendió asimismo el manejo de los recursos del puerto señalando que estas operaciones tenían como objetivo preservar el valor real de los fondos en un contexto inflacionario y que todas se realizaron dentro de los marcos legales de administración financiera. Los empleados, por su parte, hacían pública su disconformidad a través de las redes sociales, señalando que temían que los fondos del puerto se utilizaran como salvataje de OSEF al modificar la Legislatura fueguina, el 8 de julio de 2025, la Ley 1.071, a fin de sanear la obra social estatal con las utilidades del Puerto de Ushuaia.
Finalmente, el funcionario advertía otro trasfondo en la avanzada nacional: “Este es claramente un tema político. Acá se apunta directamente al gobernador Gustavo Melella y a la vicegobernadora Mónica Urquiza. Y se mezcló la política con el mejor puerto de la República Argentina, y eso es grave”, cerró.
Las declaraciones, realizadas apenas tres meses antes de la intervención efectivizada por el Gobierno nacional el miércoles último, adquieren ahora una nueva dimensión y exponen el contraste entre el escenario descartado por el propio presidente del organismo y la decisión que terminó materializándose, en un conflicto que sigue sumando capítulos y repercusiones institucionales en Tierra del Fuego.