No existe la “pornografía infantil”

Cuando las palabras importan:

El concepto de pornografía remite, en su origen, a la representación de actos sexuales con fines eróticos y con algún grado de consentimiento. Nada de eso puede existir cuando se trata de menores de edad. En estos casos, no hay consentimiento posible ni finalidad erótica legítima: hay violencia, abuso, sometimiento y perversión.

No existe la “pornografía infantil”

En la cobertura de hechos vinculados a delitos contra niños y adolescentes, el lenguaje no es un detalle menor. Las palabras que se eligen para nombrar una violencia extrema pueden contribuir a visibilizarla correctamente o, por el contrario, banalizarla, naturalizarla o incluso reproducir miradas erróneas sobre las víctimas.

Uno de los ejemplos más extendidos —y cuestionados— es el uso del término “pornografía infantil”. Si bien esta expresión continúa presente en la legislación penal argentina, su utilización acrítica en el ámbito periodístico, judicial y social plantea serios problemas conceptuales y éticos.

El concepto de pornografía remite, en su origen, a la representación de actos sexuales con fines eróticos y con algún grado de consentimiento. Nada de eso puede existir cuando se trata de menores de edad. En estos casos, no hay consentimiento posible ni finalidad erótica legítima: hay violencia, abuso, sometimiento y perversión. Por ello, hablar de “pornografía infantil” resulta impropio, ya que introduce una noción de sexualidad que no corresponde y desplaza el eje del delito.

Por este motivo, organismos internacionales como UNICEF, ECPAT y el National Center for Missing & Exploited Children, así como fiscalías especializadas y manuales de estilo periodístico, recomiendan reemplazar ese término por expresiones más precisas y respetuosas, como “imágenes o material de abuso sexual infantil” o “material de explotación sexual de niñas, niños y adolescentes”.

El uso de estas denominaciones no es solo una corrección política del lenguaje: implica reconocer que las imágenes y videos en cuestión documentan un delito gravísimo y una vulneración profunda de derechos humanos. Nombrarlas como lo que son —registros de abuso— devuelve centralidad a las víctimas y evita cualquier forma de banalización.

En el plano jurídico, es cierto que el artículo 128 del Código Penal argentino continúa utilizando el término “pornografía infantil” para tipificar estos delitos. Sin embargo, ello no obliga a los medios de comunicación ni a otros actores sociales a reproducir una terminología que hoy se encuentra en revisión a nivel internacional. Una práctica adecuada consiste en emplear el concepto de abuso sexual infantil y, de ser necesario, aclarar una vez su encuadre legal.

Por ejemplo:
“producción y distribución de imágenes de abuso sexual infantil, delito tipificado en el artículo 128 del Código Penal”.

Adoptar un lenguaje preciso y respetuoso es una responsabilidad compartida por periodistas, operadores judiciales, abogados, trabajadores sociales y comunicadores en general. En contextos donde las víctimas son niñas y niños, las palabras no solo informan: también construyen sentido, marcan límites y reflejan el compromiso de una sociedad frente a las violencias más extremas.

Nombrar correctamente no repara el daño, pero sí evita profundizarlo.

Aporte de Diario Prensa Libre.