A la denuncia de la empresa Fueguina Salud S.A. se suma ahora la de Emergencias Medicas Fueguinas S.A., SANOS.
La Lic. Luisina Onganía sostuvo en relación a la Contratación Directa Nro.90/20 a favor de la empresa Bahía Salud S.R.L., que “esto afecta a todos los ciudadanos porque es inadmisible que el Gobierno adjudique el servicio a una empresa que no está habilitada y que encima le pague 15 millones por encima de la mejor oferta”.
A la denuncia realizada por Rodrigo Alluso, gerente General de Fueguina Salud S.A., difundida en Diario Prensa Libre el 8 de febrero último, se suma ahora la de la licenciada Luisina Onganía, apoderada de la empresa Emergencias Medicas Fueguinas S.A., SANOS.
Calluso denunció públicamente que “todo fue armado para que ganara una empresa determinada. Con la excusa de la pandemia el otorgamiento del servicio no fue hecho a través de una licitación sino de una compra directa, viciada de graves irregularidades” y explicó que “en representación de Fueguina Salud S.A., le envié una nota al gobernador Gustavo Melella y al titular de la Secretaría General Legal y Técnica del Gobierno provincial, José Capdevila para plantear un pedido de anulación del decreto provincial 207/21, mediante el cual se adjudicó el servicio médico en el aeropuerto internacional Malvinas Argentinas, a la prestataria Bahía Salud S.R.L., del Centro Médico Bahía. Ello porque la empresa ganadora, Bahía Salud S.R.L., cuenta con dos ambulancias compradas hace apenas un mes y sin tener la habilitación que corresponde por parte del Ministerio de Salud. Y fue habilitada solo para traslados y no para emergencias. Lo que es más grave aún es que en Fiscalización Sanitaria consta que fue habilitada para traslados programados con una fecha posterior a la apertura de los sobres. ¡O sea que hizo la oferta, sin estar habilitada!. Nos usaron para que participemos en un negocio armado para otros. ¡Esto no tiene antecedentes en ningún lugar del mundo!”.
Por su parte, la responsable en Ushuaia de otra de las empresas participantes de la convocatoria, Luisina Onganía, de SANOS, consultada por Diario Prensa Libre, sostuvo a su vez que “nos causó sorpresa lo irregular de la contratación. Es importante que la gente sepa que SANOS venía prestando el servicio en el aeropuerto desde el año 2014. A mediados del año pasado venció nuestro contrato y nos solicitaron que continuáramos hasta que se hiciera el llamado a una nueva licitación. Nos presentamos a la convocatoria y el 4 de septiembre del 2020 se realizó la apertura de sobres, fuimos los únicos oferentes y se nos adjudicó la licitación. Sorprendentemente, el 2 de octubre del 2020 salió una resolución en la que nos planteaban que ese servicio sería brindado por el Ministerio de Salud. Era llamativo porque en ese momento estábamos en plena pandemia y los recursos humanos estaban todos abocados a atender dicha situación sanitaria.
Como era de esperar – continúa explicando la entrevistada – a los pocos meses fuimos convocados nuevamente para dar la misma cobertura pero esta vez, ya no se trataba de una licitación sino de una compra directa. Preparamos la cotización y la documentación requerida y fuimos los que presentamos la cotización más baja. La razón es sencilla: nosotros conocemos de qué se trata el trabajo – veníamos haciéndolo desde hacía 7 años- además somos una empresa consolidada, con presencia a nivel nacional y poseemos la mayor cantidad de ambulancias, con el mejor equipamiento y con el recurso humano para poder cubrir de manera efectiva lo que nos es requerido. Nuestros costos, al contar además con diferentes unidades de negocio, siempre van a ser mejores.”
Al igual que lo denunciado por Calluso, Onganía planteó “irregularidades evidentes en el proceso porque se adjudicó la compra a una empresa que no se encuentra habilitada para la cobertura de urgencias y emergencias sino simplemente para la realización de traslados programados. Tampoco existió notificación de la preadjudicación como marca la ley ( – instancia en la que las partes interesadas pueden realizar impugnaciones -) y no se tuvieron en cuenta, tal como el pliego lo indicaba, los antecedentes en la prestación del servicio”.
Onganía continuó puntualizando que “desde el Gobierno nos señalaron que no habíamos presentado el Convenio de atención prioritaria en un centro de Atención Sanitaria de Tercer Nivel. Para ser claros: tercer nivel es internación y eso solo lo brinda el Hospital Regional y la Clínica San Jorge. ¡Esta cláusula no fue pedida en los últimos 7 años!. De hecho, en la licitación de septiembre de 2020 tampoco existía y apareció sugerentemente en esta compra. Además el objeto de la contratación no implica la necesidad de contar con dicho convenio y viola el Principio de Concurrencia que debe primar en la contratación pública. Ahora bien, supongamos que nosotros tuviéramos por ejemplo un convenio con la Clínica San Jorge y nos viéramos ante la situación de trasladar desde el aeropuerto a un paciente descompensado que no tiene cobertura médica privada: ¿si lo llevara a la Clínica quién pagaría la atención?. ¿El Gobierno de la Provincia?. Pese a todas las dudas solicitamos la firma del convenio a la Clínica San Jorge que se negó y prestó el aval a Bahía Salud, la empresa que resultó adjudicada. Es más, desde el HRU nunca respondieron a nuestro pedido. Todo resulta profundamente llamativo”
Finalmente, la licenciada Onganía concluyó consignando: “Nuestra empresa brindó la cobertura durante 7 años sin tener ningún señalamiento o crítica ya que siempre brindamos un servicio de excelencia, y con la cotización más baja. Fuimos los adjudicados en la licitación anterior, en septiembre de 2020. ¿Cómo es posible entonces que se adjudique el servicio a una empresa que no cuenta con experiencia previa comprobable, que presenta una cotización que casi duplica la nuestra y que –esto es lo más alarmante- NO cuenta con la habilitación correspondiente por parte de Fiscalización Sanitaria?. Ante este panorama ya hicimos las presentaciones del caso ante el gobernador Gustavo Melella y la Fiscalía de Estado, esperando que el Tribunal de Cuentas Provincial también pueda tomar intervención dadas las preocupantes irregularidades de la contratación. Acá no se trata solo de un perjuicio que sufre la empresa que represento, sino que este tipo de maniobras nos afecta directamente a todos los ciudadanos. Me pongo en el lugar de los profesionales del hospital que reclaman en la vía pública por su salario, y veo por otro lado cómo el Gobierno contrata a una empresa que no está habilitada y que encima le paga 15 millones de pesos más que la mejor oferta. Realmente es inadmisible. Esperemos que las denuncias realizadas prosperen y que se pueda realizar un nuevo llamado, más transparente y ajustado a la realidad que como sociedad estamos atravesando.”
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