El secretario de Gobierno de la Municipalidad de Ushuaia explicó que para evitar la judicialización el ejecutivo emitió el pedido de autorización para cancelar la obligación contraída por el ex intendente sciurano.
El secretario de Gobierno de la Municipalidad de Ushuaia, Omar Becerra, sostuvo que el pedido de autorización que impulsa el Ejecutivo municipal en el Concejo Deliberante para cancelar deudas con tierras es para cumplir con una obligación de 32 millones de pesos con la empresa Dos Arroyos, la cual fue generada por la anterior gestión municipal.
Becerra sostuvo que «algunos ediles ponen el grito en el cielo por el temario, pero el intendente Walter Vuoto tiene la responsabilidad de gobernar los destinos de la ciudad, y aún por cuestiones de herencia también debe tomar decisiones».
Explicó que en la sesión del Deliberativo «entre otros temas trató un reconocimiento de una deuda de 32 millones de pesos a la empresa Dos Arroyos, que fue heredada de la gestión anterior», y remarcó que «con ese monto, por ejemplo, se podría haber repavimentado tres veces la calle Perón en toda su extensión».
Además, expresó que el intendente Vuoto «antes de entrar el camino de la judicialización de esa deuda tomó la decisión de cumplir con una obligación no generada por esta gestión», en tanto lamentó que «graciosamente el edil Juan Romano, que acompañó como funcionario a la gestión que generó esa deuda, sale por los medios haciéndose el distraído y desentendiéndose de esa realidad».
«El Intendente y su equipo asumen sus responsabilidades y tenemos que abonar más de 30 millones de pesos cuando la gente nos pide que tapemos los pozos, y no los podemos tapar porque tenemos que destinar esa cifra a pagar deudas que no generó la gestión Vuoto», continuó.
En tanto, planteó que «algunos ediles cuando salen a los medios lo tienen que hacer con la verdad, y no tratar de responsabilizar a esta gestión por algo que no generó».
Sobre la polémica generada por algunos concejales tras la convocatoria a sesión, el secretario de Gobierno dijo que «a veces se enojan por el formalismo de si la convocatoria llegó diez minutos antes o después, pero a esta circunstancia se llega sin animosidad porque hubo que preparar la documentación del reconocimiento de una deuda de más de 30 millones de pesos». Y concluyó: «Tratar de resolver algo que esta gestión no gastó demanda un largo trabajo».
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