El Fiscal Federal se refirió a la investigación por un nuevo caso de trata de personas en Río Grande que rescató a cinco mujeres. Los tres imputados ayer se negaron a declarar.
Luego de varios allanamientos, el fin de semana se desbarató en Río Grande una banda de tres personas que se dedicaban a regentear un privado ubicado en Calle Benitez al 900 del Barrio AGP, en el cual se explotaba sexualmente a seis mujeres, en un delito tipificado como trata de personas.
“Se recibió una denuncia al abonado 101, que nos daba cuenta que había un privado en esta ciudad, en la calle Cabo Benítez al 900 y a partir de ahí comenzamos una investigación con la división narcocriminalidad y delitos federales de la Policía de la Provincia”, detalló el Fiscal Federal Marcelo Rapoport en diálogo con FM Prensa 104.9 en Ushuaia y FM Aire Libre 96.3 en Río Grande.
Con el avanzar de la pesquisa se sumaron dos nuevos llamaron más al abonado 145 que corroboraban la primera denuncia y aportaban más elementos. Fue así como se avanzó en la investigación, solicitando una serie de intervenciones telefónicas a las que el juez accedió y convalidaron la investigación.
De esta manera el fin de semana se dispusieron los allanamientos, por lo cuales hay tres sujetos detenidos: una de ellos Nancy del Valle Zelaya (44) que era la que regenteaba a las mujeres. “Nosotros la teníamos como víctima en otra causa de trata anterior y lo que demuestra es que pasó de explotada a explotadora”, afirmó el Fiscal y señaló que “en este tipo de delitos es normal que esto ocurra”.
Mientras que Oscar Darío Obregón (50) y Walter Mario Obregón (35) también resultaron detenidos. “Walter Obregón era la pareja de la señora y hacía la logística al privado, se encargaba de hacer las compras de bebidas, los elementos de higiene; y Oscar Obregón era el que hacía de guardia y parte de la logística”, explicó.
Del lugar fueron rescatadas cinco víctimas de la explotación sexual. “La ley no prevé reproche penal para los clientes, si bien entendemos que son prostituyentes, porque son los que pagan por tener sexo. Nosotros no podemos imputarles ningún tipo de delito, tampoco son testigos, lo que hacemos habitualmente es una requisa personal por una cuestión de seguridad y los identificamos en las actas respectivas”, explicó el funcionario judicial.
Los tres fueron trasladados ayer por la mañana a los tribunales federales de Río Grande donde se negaron a prestar declaración.
“Pedimos una serie de medidas, entre ellas los peritajes de los teléfonos celulares incautados, estamos esperando el informe de la deicina de Rescate de Víctimas de Trata de Personas que depende del Ministerio de Justicia de la Nación que estuvieron en el momento del allanamiento e hicieron las entrevistas en el lugar; y además la revisación de las declaraciones en cámara Gesell de la víctimas”, sumó.
Además indicó que el lugar donde se realizaba la explotación se trata de una vivienda alquilada, y los que se dedicaban a la maniobra de la trata de personas eran estas tres personas detenidas.
Todavía hoy muchos se preguntan por qué este tipo de casos son calificados como trata de personas. “El artículo 19 de la Constitución Nacional le permite a usted hacer en su casa lo que quiera mientras no ofenda la moral y las buenas costumbres hacia afuera. Es decir que si una mujer quiere ganar dinero lucrando con su cuerpo lo puede hacer de la puerta de su casa para adentro. Lo que no permite la Ley es que haya terceros que se abusen la vulnerabilidad de las personas y las exploten sexualmente o laboralmente, en este caso sexualmente”, expresó el Fiscal Federal.
En el caso puntual de estas mujeres “según el primer informe de las psicólogas, les trabajaban la vulnerabilidad que tenían, y la sumisión que tenían respecto de Zelaya. Es más, los audios y comunicaciones telefónicas los demostraban claramente”.
Pero además indicó que “se les cobraba por la habitación por mes $2800 pesos, les retenían de los pases y las copas, entonces digamos que las mujeres no estaban porque querían o hacían lo que querían, sino que había una sumisión a una persona, está muy clara la sumisión y el abuso de autoridad respecto de la sumisión”.
“Estas mujeres vivían como esclavas, para lo único que salían era para hacer servicios externos, llamado de esta manera, iban a casa de particulares, pero estaban esclavizadas en una esclavización moderna. No nos vamos a encontrar con la persona atada a la cama, pero hay otras formas que son el abuso de la vulnerabilidad de las personas”, afirmó Rapoport.
También manifestó que uno de los allanamientos se llevó adelante en la Remisería APRAR. “No era ajena a esta situación porque era la remisería con la que trabajaba este privado, las víctimas eran trasladadas desde y hacia el privado ubicado en Cabo Benítez a través de los distintos móviles de la Remisería, había una confianza respecto de los operadores de la remisería con la regenteadora, para los choferes no era desconocido ni a dónde iban ni a quienes trasladaban ni de dónde hacia dónde y para qué, que eran obligadas a ejercer la prostitución”, sostuvo.
“Sabemos que hay muchos privados, no solo en los asentamientos sino en toda la ciudad, lo que pasa es que nosotros para determinar que es trata de personas tenemos que hacer una investigación compleja, no es sencillo. Generalmente las mujeres víctimas dicen que no responden a ningún patrón y el dinero es para ellas, cosa que no es así, en este caso las mujeres el día del allanamiento no tenían ningún dinero y la imputada en su corpiño tenía 10 mil pesos que era la recaudación diaria hasta ese momento”, añadió.
Finalmente expresó que “ante la sospecha de que exista un privado, se puede llamar al 101 o al 145, cualquiera de los dos son muy seguros y son anónimos, no le piden ningún tipo de datos ni queda registrado su teléfono, y cuando mayor información brinde mejor, no tiene que brindar ni datos personales de quien denuncia ni queda registrado su teléfono”.
(Fuentes: FM Prensa 104.9 en Ushuaia y FM Aire Libre 96.3 en Río Grande | Crítica Sur)
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