La presentación municipal se incorporó al expediente que tramita en el fuero federal.
La jueza federal Mariel Borruto hizo lugar a la presentación realizada por la Asesoría Letrada del Municipio en el expediente vinculado con el proyecto hidrocarburífero León Marino en las Islas Malvinas.
La jueza federal Mariel Borruto admitió al Municipio de Río Grande como parte interesada en la causa iniciada contra las empresas Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum Development and Production Limited, vinculada con el proyecto de explotación de hidrocarburos León Marino en el área de las Islas Malvinas.
La decisión fue comunicada por el intendente Martín Perez a través de sus redes sociales y permite al Municipio intervenir formalmente en el proceso judicial, iniciado a partir de una acción preventiva de daño ambiental de incidencia colectiva.
La presentación fue realizada por la Asesoría Letrada municipal, con el objetivo de incorporar a Río Grande al expediente impulsado por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata (CECIM) y la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas.
De acuerdo con la presentación municipal, la intervención se fundamenta en las atribuciones establecidas por la Carta Orgánica de Río Grande en materia de protección del ambiente, los recursos naturales y los intereses de la ciudad, además de su condición de ciudad ribereña sobre la costa atlántica.
El expediente aborda los posibles impactos ambientales derivados de la actividad hidrocarburífera proyectada en el Atlántico Sur y contempla la aplicación de normativa argentina vinculada con la protección ambiental y la gestión de residuos peligrosos.
Entre los aspectos señalados se encuentran los eventuales efectos sobre los ecosistemas y la biodiversidad del Atlántico Sur, además de las cuestiones relacionadas con los recursos naturales y los derechos soberanos de la Argentina sobre las Islas Malvinas.
Con la resolución de la jueza Borruto, el Municipio podrá intervenir en el proceso y efectuar las presentaciones que correspondan dentro de una causa que vincula cuestiones ambientales con la explotación de recursos naturales en el área en disputa.
La incorporación de Río Grande se suma a las acciones judiciales e institucionales impulsadas en relación con el proyecto hidrocarburífero y a los reclamos argentinos sobre las actividades desarrolladas en las Islas Malvinas y el Atlántico Sur.