La Justicia sorprendió ayer con una resolución referida al expediente que se remonta a 2018 y en el que se investigan presuntos hechos de índole sexual que se entremezclarían con el manejo de fondos municipales.
En la causa 32.723, con fecha de notificación lunes 16 de noviembre de 2020, el responsable del Juzgado de Instrucción Nro 2 del Distrito Judicial Norte, Raúl Nadim Sahade, resolvió una serie de medidas en el resonante y polémico caso que tiene como acusado al gobernador de Tierra del Fuego.
El mismo juez Raúl Sahade al que el abogado Francisco Giménez acusó de “tener planchada por más de un año” la causa de sus representados, tres obreros de la construcción que denunciaron al gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, por presunto “abuso sexual coactivo” cuando ejercía el cargo de intendente de la ciudad de Río Grande, ayer sorprendió al firmar la resolución a través de la cual fija fecha de audiencia para testimoniales a los denunciantes y dispone que el demandado se realice una pericia psiquiátrica.
En su momento, Giménez denunció que el titular del Juzgado de Instrucción Nº 2 de Río Grande era “parcial” en el tratamiento del caso y destacó en la prensa que el magistrado “protegía” al gobernador. En las últimas horas,Raúl Sahade firmó los escritos que establecen que los denunciantes Damián Rivas deberá comparecer en su Juzgado para prestar declaración testimonial el día 12 de abril de 2021; Jerónimo Alfredo Suasnabar, el día miércoles 14 de abril 2021 y Mario Lovera, el día viernes 16 de abril de 2021, todos a las 11 de la mañana y cumpliendo estrictamente las medidas de profilaxis ante el COVID.
En párrafo aparte, el magistrado dispone “practíquese peritaje psiquiátrico sobre el imputado Gustavo Adrián Melella, tendiente a determinar la estructura de su personalidad, si presenta patología de índole sexual, y/o síntomas de perversión en términos psicopatológicos compatibles con los hechos denunciados, así como indicadores de desajustes o desviaciones de la libido y/o en el área de la sexualidad”.
Sahade agrega también que “el perito psiquiatra deberá determinar el estado de salud mental del nombrado, su estructura de personalidad, es decir, si presenta indicios de personalidad psicopática, perversa, sádica impulsividad, violencia, si es peligroso para sí o para terceros y si se encuentra en condiciones de comprender la criminalidad de sus actos y dirigir sus acciones y/o por cualquier dato que pueda resultar de interés para la presente causa”.
La causa
La comunidad fueguina se enteró a través de la publicación de un medio periodístico capitalino – Infobae – que el por ese entonces intendente de la ciudad de Río Grande y candidato a gobernador de la provincia, Gustavo Melella estaba imputado en una denuncia por supuestos “favores sexuales” a cambio de empleos en la construcción y el cobro de trabajos realizados en obras del Municipio de Río Grande. Los denunciantes, adultos de más de 55 años de edad, dijeron haber realizado trabajos que después facturaban a empresas contratistas del Municipio sin que en realidad hubiera habido ninguna contraprestación.
El contenido de la causa y las declaraciones de los tres denunciantes, Damián Rivas, Jerónimo Alfredo Suasnabar y Mario Lovera se conoció en octubre de 2018, junto a varios audios supuestamente intercambiados vía WhatsApp entre los albañiles y el intendente y profusa documentación bancaria.
Las actuaciones judiciales avanzaron hasta la imputación al jefe comunal por el delito de “abuso sexual coactivo” por parte del fiscal mayor Guillermo Quadrini, pero no tuvo un correlato con el correspondiente llamado a indagatoria por el juez Sahade.
Ante las denuncias que rebotaron en todos los medios provinciales y nacionales, Melella insistió siempre en que es inocente de todos los cargos que se le hacen y atribuyó los hechos a cuestiones “políticas” y “electorales” y a un enfrentamiento con Rosana Bertone, quien en aquella época era gobernadora provincial. El tiempo transcurrió y en diciembre de 2019 Melella sucedió en el cargo a Bertone, asumiendo la titularidad del Ejecutivo fueguino.
Luego de esa asunción, el caso pareció haber caído en el olvido hasta ayer, cuando las partes involucradas fueron notificadas formalmente de las medidas del juez Sahade.
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