EL TITULAR DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NRO 2 DIJO QUE LAS DENUNCIAS ESTAN EN PLENA ETAPA DE INVESTIGACION
Llama la atención que el magistrado admitió no haber retenido los celulares de los denunciantes – en donde existiría información valiosa para dar crédito o no a sus dichos – por considerar que “son su herramienta de trabajo”.
El Juzgado de Instrucción N° 2, a cargo de Raúl Sahade investiga la denuncia del abogado patrocinante de Alfredo Suasnabar, Damián Rivas y “Mario”, Francisco Giménez, quien puso en conocimiento de la Justicia que “a cambio de favores sexuales el intendente Gustavo Melella estaría adjudicando obra pública”.
La oficina de prensa de la Justicia provincial informó que una vez que el juez Sahade tomó conocimiento, en forma inmediata le tomó declaración testimonial a los posibles damnificados.
Dos de los denunciantes instaron la acción penal, mientras que el tercero en principio no lo hizo.
En el caso de los posibles damnificados, Sahade corrió vistas al fiscal Mayor, que por subrogancia intervino, Pablo Candela, quien desestimó la denuncia debido a que consideró que “no hubo abuso sexual”. Este pedido fiscal aún no fue resuelto por el juez.
En el caso de la investigación por posible irregularidad en la asignación de obra pública la Fiscalía sí impulso una investigación.
Días más tarde se presentó el damnificado que no había instado acción penal y con su abogado, Gimenez, la instó. Por esta acción, se aguarda que la Fiscalía Mayor se expida de la vista que el juez le corrió si instruye sumario o desestima.
A su vez, el Juez Sahade, apenas radicada la denuncia solicito informes relacionadas con las obras a la Inspección General de Justicia (IGJ) y al Tribunal de Cuentas.
El magistrado ordenó el allanamiento de las dos empresas que son mencionadas en la denuncia como las que habían facturado las obras y se requirió documentación a la Municipalidad de Río Grande, la que aún está siendo analizada y peritada.
Llamó la atención que se informara acerca de una prueba fundamental en la investigación que el juez dejara a criterio de los denunciantes la entrega de los aparatos: “Sahade aclaró que los teléfono donde estarían los mensajes que habrían ocurrido entre el Intendente y los damnificados no se secuestraron porque los que instaron la acción pidieron conservarlo debido que es una herramienta de trabajo.
Asimismo dejaron constancia en su declaración testimonial que los ponían a disposición para que cuando el Juzgado lo requiera”.
Edición:
Diario Prensa
Noticias de: Ushuaia – Tolhuin – Río grande
y toda Tierra del Fuego.