Presentación ante el regulador del mercado de capitales de Israel.
La Provincia cuestionó la información brindada a inversores sobre el desarrollo “Sea Lion” y pidió investigar posibles incumplimientos en materia de transparencia.
El Gobierno de Tierra del Fuego presentó una denuncia ante la Autoridad de Valores de Israel contra la empresa Navitas Petroleum Limited Partnership, en relación con el proyecto hidrocarburífero “Sea Lion”, ubicado al norte de las Islas Malvinas.
La presentación sostiene que la compañía habría brindado información incompleta o inexacta a sus inversores respecto de los riesgos jurídicos, diplomáticos y geopolíticos asociados a la iniciativa, que se desarrolla sin autorización de la República Argentina en un área en disputa de soberanía.
Según el planteo, la empresa no habría reflejado adecuadamente la posición del Estado argentino, que a través de la Cancillería rechazó el avance del proyecto y consideró ilegales las actividades hidrocarburíferas no autorizadas en la zona.
Asimismo, se solicitó a la autoridad israelí que analice si la firma omitió informar hechos relevantes al mercado, entre ellos el rechazo oficial al proyecto, sanciones previas y declaraciones del Gobierno nacional sobre medidas diplomáticas vinculadas a la cuestión.
Desde la administración provincial indicaron que la situación involucra no solo aspectos comerciales, sino también la defensa de derechos soberanos sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos correspondientes.
El secretario de Malvinas, Antártida, Islas del Atlántico Sur y Relaciones Internacionales, Andrés Dachary, afirmó: “Navitas no sólo opera ilegalmente; además debe explicar ante sus propios inversores si informó con claridad los riesgos jurídicos, penales, financieros y diplomáticos que implica avanzar sobre recursos naturales argentinos sin autorización”.
La denuncia también menciona resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas que reconocen la existencia de una disputa de soberanía y exhortan a las partes a no introducir modificaciones unilaterales mientras el proceso de negociación continúe abierto.
Finalmente, desde la Provincia señalaron que se recurrirá a herramientas institucionales y legales para cuestionar este tipo de desarrollos, y plantearon la necesidad de garantizar estándares de transparencia en la información dirigida a los mercados.