Avanza controvertido juicio por violencia de género.
Un hombre residente en Tolhuin, de 44 años, fue acusado de lesiones graves y privación ilegítima de la libertad por su ex pareja, quien luego admitió haber mentido. Los policías no observaron lesiones el día del hecho pero un perito forense las certificó varios días después, creándose la sospecha de si realmente existieron.
El lunes 23 de febrero comenzó en Río Grande el juicio oral y público seguido a Alcides Agustín Álvarez Monje, de 44 años, residente en la localidad de Tolhuin, acusado de los delitos de lesiones graves y privación ilegítima de la libertad por un hecho que habría ocurrido entre la noche del 5 y la madrugada del 6 de abril de 2025.
Según la acusación fiscal, los hechos se habrían producido en el domicilio que compartía la pareja, en el marco de una discusión. En la denuncia radicada inicialmente en la Comisaría de Tolhuin, la mujer sostuvo que el imputado la había agredido físicamente y que no le había permitido retirarse del lugar, situación que la habría obligado a huir posteriormente.
A partir de esa presentación, personal policial procedió a la detención del hombre y se dio intervención al Ministerio Público Fiscal. Sin embargo, poco tiempo después de impulsada la causa penal, la propia denunciante se desdijo de los hechos relatados. Declaró que no había sufrido lesiones de ningún tipo ni había sido privada de la libertad y que había formulado la acusación por temor a que su pareja decidiera poner fin a la relación.
Esa versión fue reiterada ahora ante el Tribunal de Juicio en lo Criminal del Distrito Judicial Norte, que es presidido por Juan José Varela e integrado por los vocales Verónica Marchisio y Eduardo López.
Durante la última jornada de testimoniales declararon tres efectivos policiales que intervinieron el día del procedimiento. La oficial a cargo indicó que no observó lesiones visibles en la mujer al momento de su intervención, extremo que fue ratificado por los otros uniformados que participaron del operativo.
No obstante, el debate incorporó también el testimonio del perito forense que examinó a la denunciante varios días después del hecho, quien certificó la existencia de marcas compatibles con lesiones. Esa circunstancia introdujo un elemento de contradicción central en el proceso, ya que las supuestas lesiones no habrían sido advertidas por los primeros intervinientes.
También prestó declaración un vecino de la pareja, quien brindó referencias sobre la dinámica de la relación y la forma en que ambos se trataban cotidianamente. Asimismo, comparecieron profesionales del área de Trabajo Social del Poder Judicial y de la Municipalidad de Tolhuin, quienes habían entrevistado tanto al imputado como a la denunciante en el marco de las actuaciones preliminares.
El debate presenta además una particularidad poco habitual en el ámbito judicial provincial: el Tribunal dispuso la contratación de una intérprete para asistir al imputado durante el juicio.
Si bien Álvarez Monje nació en la provincia de Salta, residió durante gran parte de su vida en Estados Unidos, lo que hizo que desarrollara mayor dominio del idioma inglés que del español. Debido a ello, en Tolhuin es conocido con los apodos de “el marine” o “el yanqui”. La intérprete tuvo a su cargo garantizar que comprendiera cabalmente cada instancia del proceso y pudiera ejercer plenamente su derecho de defensa.
Durante la primera jornada, el imputado declaró ante los jueces, brindó su versión de los hechos y respondió preguntas de las partes. Posteriormente fue el turno de la denunciante, quien reiteró que no fue agredida ni privada de su libertad en ningún momento.
Tras la finalización de la etapa testimonial, el Tribunal dispuso un cuarto intermedio hasta el jueves 26 de febrero, cuando comenzarán los alegatos. En primer término expondrá el Ministerio Público Fiscal, representado por la doctora Mariel Zárate. Está previsto que el viernes 27 alegue la defensa particular del imputado, a cargo del abogado Maximiliano Palladino.
Concluidos los alegatos, el Tribunal quedará en condiciones de fijar fecha para la lectura del veredicto en una causa que, desde su inicio, estuvo atravesada por versiones contrapuestas y cuestionamientos en torno a la consistencia probatoria.