Duras críticas del intendente de Ushuaia al doble veto del Ejecutivo provincial.
El mandatario municipal capitalino sostuvo que el veto a la reforma constitucional “rompe la división de poderes” y aseguró que la decisión de vetar la ley de goteo “perjudica financieramente a los municipios”.
Walter Vuoto, intendente de Ushuaia: «El veto a la ley de goteo ahoga a los municipios de Ushuaia, Río Grande y Tolhuin en plena crisis».
El intendente de Ushuaia, Walter Vuoto, cuestionó duramente el doble veto dispuesto por el gobernador Gustavo Melella sobre la derogación del proceso de reforma constitucional y la ley de transferencia automática de fondos coparticipables a los municipios.
A través de su cuenta oficial en la red social X, el jefe comunal calificó de “inconstitucional” la decisión del Ejecutivo respecto de la reforma parcial de la Constitución Provincial y sostuvo que el gobernador “rompe la división de poderes”.
“Sobre la reforma constitucional tengo que ser claro: ese veto es inconstitucional”, expresó Vuoto con contundencia.
El intendente argumentó que la Constitución Provincial establece expresamente que la única facultada para decidir sobre la necesidad de reforma es la Legislatura provincial mediante mayoría agravada.
“La Constitución provincial es clarísima: la única que puede decidir si se reforma la Constitución es la Legislatura, con dos tercios de los votos. El gobernador no tiene voz ni voto en esa decisión”, afirmó.
En ese sentido, sostuvo que “si la Legislatura abrió el proceso con dos tercios, también puede cerrarlo con dos tercios” y recordó que la derogación de la convocatoria fue aprobada por 11 votos sobre un total de 15 legisladores.
Vuoto remarcó además que los convencionales constituyentes de 1991 dejaron establecido en los artículos 192 y 193 de la Constitución Provincial que la ley declarativa de necesidad de reforma “no puede ser vetada”.
“Eso está textual”, enfatizó.
El intendente señaló también que distintos constitucionalistas “como Daniel Sabsay, María Angélica Gelli y Raúl Ferreyra” coinciden en que el Poder Ejecutivo “no tiene atribuciones para impulsar ni vetar reformas constitucionales”.
Asimismo, mencionó el fallo “Lechman” del Superior Tribunal de Justicia para sostener que este tipo de discusiones deben resolverse dentro del ámbito legislativo.
“La Legislatura ya habló”, indicó.