LA LEGISLADORA CONSIDERO QUE EL DESPIDO DE CIENTOS DE EMPLEADOS PUBLICOS DISPUESTO POR EL GOBERNADOR GUSTAVO MELELLA ES UN ACTO AUTORITARIO Y ARBITRARIO NUNCA ANTES VISTO.
La abogada Victoria Vuoto, del bloque del Partido Verde, se manifestó en contra de la revocatoria del Convenio Colectivo de Trabajo decidida por el gobierno provincial, medida que tildó de “mamarracho jurídico”.
Luego de conocida la decisión del Poder Ejecutivo de Tierra del Fuego de revocar el Convenio Colectivo de Trabajo, argumentando que presentaba “serias irregularidades”, la legisladora consideró que dicho accionar “pone en riesgo la continuidad de cientos de puestos de trabajo, generando incertidumbre, angustia y malestar entre los trabajadores de la Administración Pública”.
Victoria Vuoto además de ser legisladora es abogada, por lo que fundamentó su desacuerdo en aspectos jurídicos:
“Con la sanción de la Emergencia Administrativa planteada en la sesión extraordinaria se buscaba el aval de la Legislatura para dejar sin efecto el Convenio Colectivo de Trabajo. Al no conseguirlo el gobernador utilizó una herramienta excepcional del derecho administrativo que consistió en dictar la ilegitimidad de los actos administrativos de la gestión que lo precedió. Pero esta herramienta excepcional solo puede ser utilizada cuando no existen derechos subjetivos que se estén cumpliendo y frente a vicios que sean insubsanables. Ninguno de esos requisitos se cumple, por lo tanto la única vía posible para echar por tierra el Convenio Colectivo es la judicial”.
En referencia a los derechos que menciona y que se ven atropellados por la medida dictada por el gobernador Melella, Vuoto explicó que “la sanción del Convenio Colectivo otorga derechos a los trabajadores como régimen de licencias, carrera administrativa, entre otros, que son derechos adquiridos. Por otro lado ninguno de los aspectos señalados por el gobierno provincial tienen el carácter de vicios insubsanables que fundamenten una nulidad absoluta. Por el contrario, son subsanables. Entonces no corresponde dejar sin efecto el Convenio como lo hizo el gobernador Melella a través de un decreto, hecho que resulta gravísimo”.
Refiriéndose a la postura de Virgilio Martínez de Sucre en relación al Convenio Colectivo de Trabajo firmado en noviembre de 2019, la legisladora resaltó que “fue justamente el propio fiscal de Estado quien se expidió advirtiéndole al actual gobierno que debía subsanarlo y no anularlo, pero no fue escuchado. Esto demostró que la decisión de este Ejecutivo es un acto autoritario y arbitrario nunca antes visto, que desconoce completamente las normas de la negociación colectiva y perjudica a todos los trabajadores estatales.”
“Hicieron este mamarracho jurídico para legalizar los despidos de los cientos de trabajadores afectados, con un mecanismo muy perverso pues en los decretos de baja ni siquiera le dan la certeza a la gente de estar despedidos, pues deben esperar una notificación posterior para enterarse. Hemos tomado conocimiento por algunos trabajadores afectados que las notificaciones incluso no son acompañadas por el decreto ni por el dictamen legal, que son justamente los instrumentos que deberían permitirle a las personas conocer los fundamentos sobre por qué se quedan sin trabajo”.
Finalmente, la titular de una de las tres bancas del bloque del Partido Verde, sentenció: “Tenemos que terminar con la costumbre de que cada gobierno que asume ponga bajo sospecha y persiga a los trabajadores designados por el gobierno anterior. En muchos casos se habla de gente con más de 10 años de antigüedad, que merecían el nombramiento por su trabajo y esfuerzo. Los trabajadores no pueden ser rehenes del gobierno de turno, y no me voy a callar ante semejante injusticia y arbitrariedad porque con el plato de comida de la gente no se juega”.
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